La iniciativa de López Obrador se produce en medio de un fuerte de cruces de acusaciones entre el gobierno mexicano y el Poder Judicial. Las similitudes y diferencia con la situación argentina.
La propuesta realizada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de avanzar con una reforma constitucional para que los ciudadanos voten de forma directa a los integrantes de la Suprema Corte generó un debate sobre la división de poderes, con el oficialismo acusando al máximo tribunal de anular leyes votadas en el Congreso y con la oposición señalando al Ejecutivo por buscar concentrar competencias.
La iniciativa del mandatario fue comunicada este martes en su conferencia de prensa diaria, luego de que el máximo tribunal anulara el lunes pasado algunas partes de una reforma impulsada por el oficialismo que flexibilizaban restricciones en los procesos electorales, de cara a las presidenciales de 2024.
Sin meterse en la cuestión de fondo y argumentando violaciones en la forma en que se dio el trámite legislativo, nueve de los 11 jueces de la Corte invalidaron cambios a dos leyes que regulaban la participación de funcionarios en campañas y la propaganda oficial.
Concretamente, anularon las modificaciones aprobadas en diciembre pasado que permitían a los funcionarios manifestarse durante las campañas «en uso de su libertad de expresión», y ampliaban la posibilidad de promocionar la gestión del Gobierno durante el tiempo previo a una elección.